Virgilio Barco no abandonó el proceso de paz iniciado por Belisario Betancur, que culminó con la creación del movimiento político Unión Patriótica y negociaciones con el Movimiento 19 de Abril (M-19). Él entendió que en el proceso de negociación con la guerrilla debía existir una correspondencia entre los compromisos del gobierno y su respuesta institucional. Este nuevo enfoque abrió el camino para la desmovilización y la paz con el M-19. Después de algunos contactos iniciados en enero de 1989 el gobierno del presidente Barco y el M-19 firman distintos acuerdos que culminan en el denominado Pacto por la Paz y la Democracia que definió el compromiso de desmovilización de este grupo armado. El éxito alcanzado por el M-19 en las elecciones parlamentarias de 1990 y en las presidenciales de ese año, mostró la amplia simpatía que suscitó en la opinión pública el proceso de paz.

De esta manera, el proceso de reconciliación no se restringió al diálogo, sino que propició el acercamiento entre el Estado y la comunidad. Este enfoque permitió entender que las diferencias políticas e ideológicas existentes en toda sociedad pueden tratarse de manera abierta y civilizada, mediante la cual se deslegitima la violencia como instrumento para lograr propósitos políticos.

El Plan de Desarrollo de la administración del presidente Barco partió del concepto de economía social como guía de sus programas de gobierno. Fue la primera vez en la historia del país que un gobierno se comprometía de una manera tan clara a darle una orientación social al manejo de la política económica. Priorizó las iniciativas locales como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de las personas de escasos recursos económicos, al tiempo que se fortalecía la descentralización, al dotar a los municipios de recursos humanos y financieros que les permitieran cumplir con las nuevas y mayores responsabilidades que ahora deberían enfrentar.

Otro de los objetivos que se trazó en su gobierno fue fortalecer la democracia y entender que, para lograr este propósito se requiere una distribución justa de los recursos económicos y sociales entre los diferentes sectores de la comunidad. Con este objetivo, se propusieron reformas de carácter estructural para redistribuir la tierra urbana y rural y se reconoció la necesidad de trabajar simultáneamente en el campo del empleo y los sectores tradicionalmente cubiertos por la política social.

Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta
El objetivo de este plan consistió en modificar los factores sociales, económicos y políticos determinantes de la pobreza. En este sentido, se adelantaron esfuerzos orientados a la eliminación de la desnutrición y las causas más frecuentes de pérdidas de salud, así como a mejorar las condiciones de vida, con iniciativas como el Programa de Bienestar y Seguridad Social del Hogar, que amplió la protección social gubernamental a las personas más vulnerables.
Una de las estrategias del gobierno, liderada por la primera dama, Carolina Barco Isakson, fue la creación de los Hogares Comunitarios destinados a atender a la primera infancia. Este programa, merecedor de reconocimientos por parte del Banco Mundial y las Naciones Unidas, tenía como objetivo el cuidado de los niños y niñas por parte de una madre comunitaria y los familiares de algunos menores, mientras sus madres salían a trabajar. Durante esta administración se llegaron a crear 50.000 hogares, todos ellos supervisados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Plan de desarrollo Integral Campesino
Virgilio Barco trabajó para erradicar la pobreza campesina y, de manera simultánea, mejorar las condiciones de producción y comercialización en el campo, requisitos para obtener el bienestar de los pequeños productores. Las acciones se encaminaron al aumento de la calidad, cantidad y productividad de los activos sociales de los campesinos mediante la provisión de servicios básicos, la transferencia de tierras y el acceso a recursos financieros y tecnológicos. Estas estrategias permitieron fortalecer el empleo rural, que creció más que su población, cuyos ingresos se elevaron significativamente.

Entre 1986 y 1989 se declararon 44 resguardos indígenas, con una extensión de 14.228.819 hectáreas, y 5 áreas protegidas, con una extensión de 4.011.000 ha. Así mismo, el gobierno incorporó 2.000.000 hectáreas adicionales como parques nacionales. Al sumar el área de los territorios que abarcan los resguardos indígenas con el área de parques nacionales, la cifra consolidada es de 16.292.319 ha. Esto representa hoy el 68% de la Amazonía colombiana. Es la política de ordenamiento del territorio más ambiciosa en la historia del país.

La política para crear parques nacionales y resguardos indígenas adelantada durante el gobierno Barco aseguró, por un lado, que las comunidades indígenas de la Amazonía tuvieran un territorio propio que les sirviese de asentamiento y sitio para desarrollar sus actividades productivas y, por otro lado, que ellas ganaran el derecho a darse formas de organización autónomas, al fijarse sus propios reglamentos y autoridades en el cuidado de sus territorios.

La conservación de la memoria, tanto de la nación como de su vida pública y personal, fue uno de los temas que más ocupó a Virgilio Barco Vargas. Su familia atesora su archivo personal, donde de manera cuidadosa se conserva la correspondencia con los miembros de su familia, los recortes de periódico y fotografías que reportaban su paso por el sector público, así como los libros de memorias e informes de gestión que publicaba una vez terminaba su desempeño en cada cargo público. Allí están también las páginas manuscritas con una letra diminuta y organizada donde dejó consignadas las indagaciones genealógicas sobre sus ancestros, tarea que lo apasionaba. Por tanto, no es casual que, aparte de los asuntos que de manera inevitable tiene que enfrentar un presidente, Barco se preocupara por recuperar la historia de Colombia y en particular los archivos en donde se consigna la memoria documental de nuestro país.

Cuando Barco llegó a la presidencia, el Archivo Nacional se acomodaba en un área de 700 m, en el cuarto piso de la sede de la Biblioteca Nacional. En la práctica, era un archivo cerrado y sin capacidad para recibir más información documental, que permanecía en las respectivas entidades estatales. Por esta razón, una de sus primeras decisiones fue constituir un comité de archivos liderado por él mismo y del que hicieron parte, entre otros, los bancos de la República y Central Hipotecario, así como la Universidad Nacional de Colombia y que dio

La presidencia de Virgilio Barco se desarrolló en medio de uno de los períodos de violencia más agudos que se recuerden en la historia nacional. La difícil situación de orden público que enfrentó ya se venía gestando desde el gobierno de Belisario Betancur, quien, a raíz del asesinato en 1984 del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, así como de jueces y magistrados, emprendió una lucha abierta contra el narcotráfico, que se sumó a la histórica lucha contra los grupos guerrilleros. La gran diferencia radicó en que esta nueva lucha llegaba a las ciudades con atentados terroristas y asesinatos, que aterrorizaban a toda la población, con una gran repercusión mediática nacional e internacional. Es entonces entendible que el gobierno de Barco se moviera dentro de una política de lucha firme contra el narcotráfico y contra la violencia vinculada a él. A nivel internacional, para el gobierno de Estados Unidos la principal preocupación era luchar contra el comunismo. Combatir el tráfico de marihuana y cocaína debía enfocarse en su producción y en los traficantes, sin reconocer los millones de consumidores que vivían en ese país.

El tratado de extradición
Barco vivió la paradoja de no poder aplicar como presidente el instrumento jurídico que en 1979 firmó como embajador en Washington para combatir el crimen organizado en Colombia. El Tratado de Extradición con los Estados Unidos era el arma más efectiva para combatir el narcotráfico y ser encarcelado allí era el mayor temor de los narcotraficantes. Cuando llegó a la presidencia, la ley fue declarada inválida por la Corte Suprema de Justicia, en 1986 y de nuevo en 1987. No obstante, Barco logró emplearla por vía administrativa, aplicándola en casos como el del narcotraficante Carlos Ledher.

Durante el período de persecución política que vivió Barco y que lo llevó a vivir en el exilio, en 1950 él se preguntaba: “Cuando uno tiene un enemigo puede afrontarlo; cuando ellos son muchos uno puede organizar a sus amigos y combatirlos, pero, ¿qué puede hacerse contra la fuerza oficial, contra el Estado a su servicio, contra los mismos que debían dar las garantías?”. Al llegar a la presidencia, una de sus preocupaciones fue trabajar justamente en cómo darles garantías a aquellos que habían sido derrotados en las elecciones o abrir los espacios para que todos, así tuvieran una posición minoritaria, fueran tenidos en cuenta y escuchados por el gobierno.

Uno de sus primeros esfuerzos fue fortalecer el esquema gobierno-oposición, en donde primara el respeto mutuo y, hasta donde fuera posible, existiera la colaboración entre los distintos partidos políticos. Este esquema resultó indispensable para que los partidos de oposición sintieran que sus ideas y posiciones serían escuchadas por el gobierno, y que este estaba en disposición de discutir los desacuerdos en el marco de las vías legales; sin embargo, las difíciles alteraciones de orden público que vivió el país no permitieron que esta invitación se desarrollara con el vigor y la riqueza que se esperaba. Fue esta una actitud que logró cambios democráticos significativos, como la elección popular de alcaldes en 1988, y dio paso a una reforma constituyente que se materializó en 1991.

La Séptima Papeleta y el Plebiscito Constitucional del 27 de marzo de 1990
En las elecciones del 11 de marzo de 1990 estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales y alcaldes, así como al candidato presidencial del Partido Liberal. Seis papeletas para seis elecciones. Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales, que no estaba pautada, y terminó siendo la más importante. Se llamó la Séptima Papeleta (SP): “Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo”. El proyecto fue liderado por jóvenes estudiantes que lograron que se votara un plebiscito para modificar la Constitución de 1886.

El presidente Virgilio Barco decretó el estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo. Ese día, ya de manera formal y vinculante, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra de la conformación de una Asamblea Constituyente. Eso dio origen a la firma de la nueva Constitución, el 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina, que permitió la actual organización institucional de Colombia.

Varias fueron las obras públicas de gran impacto que dejó Barco en su trayectoria por el servicio público. Entre ellas, se destacan las siguientes:

Ferrocarril del Atlántico
Con la culminación del Ferrocarril del Atlántico, se logró la comunicación férrea entre los puertos de Buenaventura y Santa Marta y se conformó una red férrea nacional de 3.500 kilómetros. La construcción de este ferrocarril incluyó 5 puentes de gran envergadura, entre ellos, uno sobre el río Magdalena, entre Puerto Salgar y La Dorada, de 800 metros de longitud.

Plaza de Bolívar
A mediados del siglo XX, la Plaza de Bolívar, que debería ser el centro administrativo y político de la capital y del país, había perdido su significado, para convertirse en un espacio rectangular, en cuyo centro se encontraba la estatua de El Libertador, con fuentes en los cuatro costados y un contorno rodeado de automóviles.